Ricardo Miñana  

 

 

 

 

 

LA HISTORIA INTERMINABLE DEL EX-FISCAL GENERAL DEL ESTADO 

 

Es complicado poder explicarlo y mas cuando se trata del Tribunal Supremo, porque lo que está ocurriendo es una herida directa a la esencia misma del Estado de Derecho. El ciudadano García Ortiz, Fiscal General del Estado, lleva *más de 18 días privado de un derecho constitucional elemental: conocer los motivos de una condena*. Dieciocho días sin una resolución motivada, sin la mínima exposición de los hechos, fundamentos y razonamientos jurídicos que, según exige el artículo 120 de la Constitución, deben acompañar a cualquier decisión judicial que afecte a derechos fundamentales.

 

En ese mismo lapso, *se ha constreñido otro derecho esencial*: el de poder recurrir en amparo ante el Tribunal Constitucional. ¿Cómo puede un ciudadano —y más aún quien encarna la jefatura del Ministerio Fiscal— ejercitar un recurso si desconoce de qué debe defenderse? Esta omisión no es un mero formalismo: es una vulneración frontal del derecho a la tutela judicial efectiva.

 

 

 

 

Y mientras tanto, el contraste institucional resulta insoportable. Causas de enorme relevancia social —como las denuncias de miles de familias que buscan esclarecimiento sobre la gestión de sus mayores durante la pandemia— duermen durante años en los cajones. Sin embargo, *otras querellas reciben un impulso procesal vertiginoso*, incluso cuando afectan a la figura que debería ser tratada con el máximo rigor jurídico precisamente por la relevancia constitucional de su cargo.

 

¿Qué clase de justicia se transmite así a la ciudadanía?

 

Una justicia que parece caminar a dos velocidades: lenta hasta la exasperación cuando se trata de asuntos que afectan a los más vulnerables, y súbitamente diligente cuando conviene a intereses particulares. Una justicia que debería ser un dique frente a la arbitrariedad y que, sin embargo, proyecta la sombra de la discrecionalidad y la opacidad.

 

Santa paciencia. Porque lo que debería indignarnos no es solo el caso concreto, sino la erosión progresiva del principio que sostiene toda convivencia democrática: *la igualdad de todos ante la ley y el respeto escrupuloso de las garantías procesales, sin excepciones, sin atajos y sin silencios que duran ya demasiado*.